22 de Junio, 2015 Séptima Sección

Armendáriz propuso que las licencias para cargos electivos sean por un máximo de 6 meses

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Armendáriz propuso que las licencias para cargos electivos sean por un máximo de 6 meses
Diputado provincial Alejandro Armendariz.

Pasado ese tiempo el funcionario debe volver al cargo o renunciar.

"Nuestra conducta respecto de las instituciones de la República es determinante en el futuro del país"

El diputado provincial Alejandro Armendáriz, presentó el pasado 7 de mayo, un proyecto modificando la Ley Nº 5.109 para limitar las licencias que solicitan quienes acceden a cargos mediante el voto popular. El proyecto, propone agregar al Capítulo XVII de la Ley 5.109 el artículo 112 Bis el que establece: “Cuando el ciudadano electo para el cargo de Gobernador, Vicegobernador, Senador, Diputado, Intendente, Concejal o Consejero Escolar en ocasión de tomar posesión o durante el ejercicio del mismo solicitare licencia para ocupar otro cargo, ésta no podrá exceder el plazo único de 6 (seis) meses. Vencido el mismo, deberá incorporarse o renunciar al cargo para el que fue electo.”

Y agrega que de no cumplir esas cargas, será considerado cesante para el cargo que fuera electo. “El voto es la manifestación de voluntad popular por excelencia dentro de nuestro sistema democrático. Los ciudadanos no sólo depositan su confianza en los candidatos sino que asimismo les confieren el mandato personalísimo de representarlos en el ejercicio del cargo.” expresó Armendáriz agregando que “sólo en casos de fuerza mayor dicho mandato podrá ser depositado en una persona diferente”.

El legislador también dijo que al incumplir ese mandato, no sólo se traiciona la voluntad popular sino que violenta y desvirtúa los principios constitucionales básicos de nuestro sistema democrático. “Nuestra conducta respecto de las instituciones de la República es determinante en el futuro del país” aseguró recordando las mal llamadas “candidaturas testimoniales” que se dieron en las elecciones del año 2009 y que no son ejemplo de una conducta cívica ética sino un fraude a la buena fe popular y a las instituciones del Estado.

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